27 abr. 2016

LA ÉTICA PUEDE ESPERAR

@BarbaraCabrera

“La política es el paraíso de los charlatanes”
Bernard Shaw

Los corruptos dicen –a través de sus acciones- que la moral es un árbol que da moras. Y pueden no estar alejados de esa tendencia al momento de analizar la expedición de uno y otro y otro y otro, y no hay quinto malo [dicen] Código de Ética que regule sus buenas y finas maneras, como representantes del pueblo. Y es que en 16 años, es el quinto intento de ellos mismos, para regular su comportamiento como representantes populares.
Vayamos por partes y hablemos de dos casos recientes.
Todo comenzó en octubre de 2015 cuando la priísta Carolina Monroy del Mazo, pide a la Cámara de Diputados –a través de un Punto de Acuerdo- instaurar un comité para crear el Código de Ética y Conducta Parlamentarias; documento que fue aprobado como de urgente y obvia resolución. [Nota de la autora: en efecto, es imperioso e indiscutible que a los políticos en general y a los legisladores en particular, les urge modificar sus comportamientos y omisiones; no obstante, esa urgente y obvia resolución proviene y trae aparejados otros intereses.]
En esta tesitura, se tiene el anhelo [por lo menos en el papel] de regular el actuar de los diputados federales, hacer más eficiente la labor legislativa y reforzar la confianza y credibilidad de la sociedad, hacia el Poder Legislativo.
Dijo en aquella ocasión la diputada priísta “falta un paso decisivo y que éste debe emanar de la abierta y clara voluntad de honestidad y transparencia de cada legisladora, de cada legislador, para honrar así sus deberes y a la patria” [y luego se preguntan el porque de la frase que abre esta columna #Nornilandia].
Luego vinieron las iniciativas: en febrero y abril de 2016; publicadas en la Gaceta Parlamentaria los días 23 y 5 respectivamente; propuestas suscritas por Carolina Monroy del Mazo y Jorge Triana Tena; PRI y PAN, los protagonistas.
A continuación, proporciono los links para que los lectores e interesados conozcan dichos documentos, incluye una ficha de análisis técnico preliminar:

Ambas iniciativas se encuentran turnadas y en estudio en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; las cuales trasciende podrían aprobarse este mes.
Sin duda estamos ante la imperiosa necesidad de modificar la mala imagen que del Poder Legislativo y quienes ocupan una curul, tienen [tenemos] los ciudadanos; sea esto con el fin ideal de servir al pueblo que les ha conferido tal distinción al llevarlos a una curul; o bien, con miras a la reelección legislativa, o para saltar cual chapulines a otro cargo, llegada la próxima elección.
Lo cierto es que, tal como lo reveló una reciente medición de Consulta Mitofsky llamada “México: confianza en instituciones 2015”, los diputados federales están situados en un nada presumible penúltimo lugar; obteniendo únicamente un 5.2 en la escala del 1 al 10; por ende, son considerados y percibidos como de confianza baja; mientras que Parametría reveló datos acerca del fuerte rechazo y descontento al trabajo realizado por los legisladores, y lo hizo al irse los anteriores y al llegar los que ahora ocupan una curul: se advierte que 20% de los mexicanos coinciden que la actual Cámara de Diputados será mejor que la que terminó su periodo; mientras que el 28% dijo que será peor, y un mismo porcentaje, refiere que será igual.
Es notorio como estamos y seguimos ante una época de desafección de los ciudadanos hacia los políticos, gobernantes, representantes e instituciones, que va in crescendo.
Ahora, como ya lo advertí, se pretende plasmar en un papel, para -cual si se tratara de un acto de magia- cambiar esa deshonrosa percepción; y aquí unos ejemplos de aquello de lo que los curuleros, tendrían que abstenerse:
  • Evitarán filtraciones sobre asuntos que se traten en el Congreso y que estén calificados como reservados o confidenciales.
  • No podrán incurrir en actos de corrupción o de conflictos de intereses.
  • Declinar regalos, donaciones, ventas a un precio menor al que corresponde en el mercado o situaciones semejantes, siempre que puedan ser medio para interferir en el desarrollo de sus funciones.
  • Evitar actos de ostentación, porque van el demérito de la respetabilidad de su cargo.
  • Tampoco podrán realizar trabajos o actividades remuneradas fuera de sus funciones y que estén en conflicto con sus deberes y responsabilidades; ni participar o prestar su imagen en campañas publicitarias.
De no observar dichas disposiciones, la Mesa Directiva estará en la posibilidad de aplicar determinadas sanciones, que van desde la amonestación privada, sin que quede constancia escrita; hasta la suspensión de su dieta desde un día o hasta dos meses; todo depende de la gravedad de la falta.
Trasciende del propio documento la temporalidad máxima para resolver un caso: 6 meses; cuyas sanciones podrán aplicarse en tanto dure la legislatura donde se cometió la falta.
Mientras tanto, y a pesar de su regulación –la cual no tiene fecha cierta para ver la luz, ni mucho menos cuando entraría en vigor- difícil será para algunos dejar atrás la cultura de los “moches”, las dádivas, las ostentaciones, el derroche de recursos públicos y sus expresiones vulgares.
Actualmente, tal como están ocupadas las curules; lejos, muy lejos se podrá responder -en la praxis- a los lineamientos de transparencia, legalidad, imparcialidad, integridad y responsabilidad, trazados por la OCDE; y exigidos por la ciudadanía proactiva, participativa y exigente. Mientras tanto, tal parece que la ética puede esperar. Lo dejo a la reflexión.
Es todo por hoy.
¡Hasta la próxima Nornilandia!