26 mar. 2012

“POLICÍAS y ¿LADRONES?”

@BarbaraCabrera


“La policía a veces inventa más de lo que descubre”

Napoleón I


En democracia, el concepto gobierno de la seguridad pública describe el modo en que los actores políticos (dotados de las capacidades institucionales que el Estado pone a su disposición para la resolución de conflictos de carácter violento o delictivo) diseñan, implementan y controlan las estrategias de seguridad pública y los mecanismos administrativos y operativos para concretarlas.

Esas estrategias son, finalmente, políticas que -para consumarse de manera exitosa- deben instrumentarse en torno a tres componentes:

a) un cuadro de situación de la violencia y el delito actualizado constantemente;

b) un conjunto de acciones institucionales que incluyan un diagnóstico sobre el estado del sistema de seguridad pública, la puesta en marcha de procesos de reforma y modernización del mismo y;

c) acciones de prevención de la violencia y el delito abordadas desde el sistema de prevención social y un sistema de prevención y control de la criminalidad común y compleja, tarea esta última que deben cumplir las fuerzas policiales y el sistema judicial correspondiente.

Aunado a ello, se debe asegurar un grado mínimo razonable de eficacia a los cuatro principios constitucionales de actuación policial, a saber: legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

¿Hay soluciones inmediatas a los problemas de la policía mexicana?, ¿Es posible modificar de manera radical su estructura?, ¿Son necesarios más elementos para preservar la seguridad pública? ¿Es conveniente otorgar más armamento a este sector? ¿Se deben promulgar leyes que amplíen las atribuciones policiales? ¿Actualmente es posible controlar la calidad del desempeño de la policía? ¿Existen las condiciones de certeza y control sobre la policía, suficientes para administrar adecuadamente su fortalecimiento? ¿El Estado mexicano puede demostrar que cuenta con niveles razonables de administración del riesgo en la policía?

Al respecto, es pertinente abrir una discusión amplia, propositiva e incluyente en materia de reforma policial. El interés tiene que darse no solo en los actores políticos, sino en la sociedad misma. Se debe organizar un debate que permita contrastar la información, argumentos y propuestas de los actores que emiten mensajes e iniciativas, o ejecutan programas de trabajo en materia policial, ya que sería un contrasentido fortalecer una institución que no merece la confianza ciudadana, sin proponer medidas concretas y suficientes que tiendan a garantizarla. ¿No lo creen?


Lo dejo a la reflexión.

¡Nos leemos la próxima Nornilandia!