@BarbaraCabrera
Debo agradecer los comentarios en torno a este blog, que constituye un esfuerzo académico de tantos para tener un foro y por dar a conocer temas relevantes como la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y temática relacionada con el derecho parlamentario.
En esta ocasión, a través de este medio, daré contestación al siguiente comentario en torno al artículo “Transparencia burocratizada”:
Mtra:
Cual sería tu opinión para empezar a eliminar estas costumbres tan viejas sobre la práctica incorrecta de la burocracia (llamo incorrecta porque obstaculizan una transparencia plena).
Y efectivamente, tal como lo advertí en el artículo “Transparencia burocratizada”, existen trámites al interior de los sujetos obligados que son innecesarios al momento de dar trámite a las solicitudes fundamentadas en las leyes de transparencia y lo digo con total conocimiento de causa. Ello vuelve a este derecho fundamental, un laberinto (a veces con salida y otras no) en donde quien desee conocer que, como y para que se llevan a cabo ciertas acciones de gobierno, en ocasiones tendrá que armarse de paciencia y acudir a otras instancias para salvaguardar su derecho a ser informado.
Recordemos que el procedimiento de acceso a la información es sencillo, accesible y de buena fe, ya que al ser la información que detentan los sujetos obligados de carácter público, quien la solicite no tiene la obligación legal de justificar para que pide ser informado. Ésta es la regla general y la excepción es tratándose de información reservada o confidencial.
Las propuestas que, como académica, pueda realizar parecerían sencillas; no obstante nos encontramos frente a un asunto –las más de las ocasiones- de voluntad política- y por ende no es suficiente que los bandos medios cambien esa actitud anti democrática, sino que quien en última instancia toma las decisiones, esté convencido de ello y actúe en consecuencia. Es decir que no se obstaculice el trabajo y no se pida buscar una salida “jurídica” para “dar la vuelta” a la entrega de información.
Estamos en la era de la tecnología, donde la información se transmite sin necesidad de acudir personalmente o de tener que burocratizar, esto es, llevar a cabo papeleo innecesario. Por lo que una de las propuestas es que al interior de las dependencias se elimine el arraigado vicio de elaborar oficios o memorandums a la menor provocación, el cual ya elaborado tiene que pasar a otro escritorio para su firma y de ahí dar el trámite correspondiente con todo lo que ello implica.
Esta es uno de los primeros pasos que se deben dar, que insisto se tornan sencillos, pero que requieren como ya lo señale y lo recalco: voluntad política y mayor participación por parte de la ciudadanía para cristalizar en la práctica este derecho fundamental.
En esta ocasión, a través de este medio, daré contestación al siguiente comentario en torno al artículo “Transparencia burocratizada”:
Mtra:
Cual sería tu opinión para empezar a eliminar estas costumbres tan viejas sobre la práctica incorrecta de la burocracia (llamo incorrecta porque obstaculizan una transparencia plena).
Y efectivamente, tal como lo advertí en el artículo “Transparencia burocratizada”, existen trámites al interior de los sujetos obligados que son innecesarios al momento de dar trámite a las solicitudes fundamentadas en las leyes de transparencia y lo digo con total conocimiento de causa. Ello vuelve a este derecho fundamental, un laberinto (a veces con salida y otras no) en donde quien desee conocer que, como y para que se llevan a cabo ciertas acciones de gobierno, en ocasiones tendrá que armarse de paciencia y acudir a otras instancias para salvaguardar su derecho a ser informado.
Recordemos que el procedimiento de acceso a la información es sencillo, accesible y de buena fe, ya que al ser la información que detentan los sujetos obligados de carácter público, quien la solicite no tiene la obligación legal de justificar para que pide ser informado. Ésta es la regla general y la excepción es tratándose de información reservada o confidencial.
Las propuestas que, como académica, pueda realizar parecerían sencillas; no obstante nos encontramos frente a un asunto –las más de las ocasiones- de voluntad política- y por ende no es suficiente que los bandos medios cambien esa actitud anti democrática, sino que quien en última instancia toma las decisiones, esté convencido de ello y actúe en consecuencia. Es decir que no se obstaculice el trabajo y no se pida buscar una salida “jurídica” para “dar la vuelta” a la entrega de información.
Estamos en la era de la tecnología, donde la información se transmite sin necesidad de acudir personalmente o de tener que burocratizar, esto es, llevar a cabo papeleo innecesario. Por lo que una de las propuestas es que al interior de las dependencias se elimine el arraigado vicio de elaborar oficios o memorandums a la menor provocación, el cual ya elaborado tiene que pasar a otro escritorio para su firma y de ahí dar el trámite correspondiente con todo lo que ello implica.
Esta es uno de los primeros pasos que se deben dar, que insisto se tornan sencillos, pero que requieren como ya lo señale y lo recalco: voluntad política y mayor participación por parte de la ciudadanía para cristalizar en la práctica este derecho fundamental.