@BarbaraCabrera
“La burocracia es una máquina gigantesca manejada por pigmeos”
Honoré De Balzac
La transparencia gubernamental, a pesar de ser uno de los derechos fundamentales del cual gozamos los ciudadanos mexicanos; tal como lo estatuye el artículo 6° Constitucional, instrumentado en una Ley Federal, así como la propia de cada Entidad Federativa y el Distrito Federal; y aún contando con órganos rectores en esta materia; estoy convencida, se construye en base a prácticas y sobre todo a disposición de los sujetos obligados.
¿Por qué lo digo? Ejemplos de cómo se rehúye la obligación de poner en la vitrina pública la información considerada fundamental; o bien, la omisión de entregar la documentación so pena de incurrir en una sanción determinada por el respectivo Instituto de transparencia o de acceso, los hay al por mayor. Baste un truco jurídico para evadir, retrasar o maquillar la información que, como ciudadanos, por ley tenemos derecho a conocer; y saber que, como, cuando, porque el gobierno hace tal o cual cosa; además de por cuánto lo lleva a cabo. Como muestra de dicha situación, tenemos lo siguiente: si contribuyo cabalmente al gasto de la nación, tal como se establece en el texto constitucional, lo justo es saber su destino. ¿Parece una cuestión básica no es cierto?; y esto –insisto–, es solo una pequeñísima parte de un todo que cada día parece tornarse más complejo, debido a varios factores; uno de ellos es el que da título a esta columna: los celos que los servidores públicos pueden experimentar, al siquiera considerar la posibilidad de entregar la documentación respectiva; a sabiendas que la ciudadanía, cada vez más interesada y ávida de escudriñar en las labores gubernamentales, pudiera interpretar y utilizar mejor.
Traigo este asunto a Nornilandia, a raíz de la declaración de María Marván Laborde, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) otorgada en el marco del Seminario internacional “Hacia la construcción de gobiernos abiertos en México”; celebrado el pasado 6 de octubre y organizado por la revista Política Digital; donde advirtió que entre los servidores públicos aún hay celos y soberbia para entregar la información que se solicita vía Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Cada barrera puesta hace peores servidores públicos y mientras éstas se sigan dando continuarán los cotos de poder. La idea central, es transitar hacia un gobierno abierto que tenga como sustento cuatro principios básicos: el poder de la apertura, el poder de los gobernados, el poder de la confianza y el poder de la innovación que dé como resultado mejores gobiernos y una mejor sociedad.
¿Qué es lo que pasa en las Entidades Federativas? –Supongo que la percepción de Marván Laborde no está muy alejada de las realidades estatales– ¿Hacia dónde tenemos que dirigir las baterías tratándose del trinomio: transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en el ánimo de orientar a México lindo y herido hacia una adecuada rendición de cuentas más allá del papel y del discurso político? ¿Existe un procedimiento claro para el acceso a la información, tanto a nivel federal como en los propios Estados y el Distrito Federal? ¿Será adecuado incrementar las sanciones a los servidores públicos que no acaten las disposiciones en la materia multicitada? ¿Por qué en el país no hemos podido consolidar este derecho fundamental; y lo que es más, existen autoridades que de manera cínica ocultan datos? ¿Es acaso únicamente una cuestión de celos la no entrega o manipulación de la información que llega a manos y ojos ciudadanos? ¡No lo creo!; no obstante, ustedes mis lectores tendrán la última palabra.
Por hoy es todo.
¡Nos leemos la próxima Nornilandia!