@BarbaraCabrera
“La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír”
George Orwell
A propósito de que soy una persona entusiasta en el manejo de las redes sociales, en especial twitter; es imperativo redactar una Nornilandia referente a la detención de tuiteros. En esta tesitura, en esta Columna no solo me referiré a los recientes casos conocidos en México lindo y herido; sino que abordaré el asunto de tres usuarios de esta Red Social detenidos en Venezuela.
Veamos lo ocurrido.
Caso 2010: Venezuela
Septiembre de 2010, integrantes de la comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional acudieron a la sede de la Fiscalía para solicitar una investigación a las redes sociales y a los usuarios que se habrían “burlado de la muerte trágica de quien fuese gobernador de Guárico, Willian Lara; del director del diario Vea, Guillermo García Ponce; y del diputado Luis Tascón”.
No es el único caso en aquel país, ya que durante 2010, se registró un total de tres personas detenidas por difundir información en Twitter.
El 12 de julio, Luis Enrique Acosta y Carmen Cecilia Nares, de Ciudad Bolívar, fueron imputados por presunta difusión de información falsa a través de mensajes en la red social.
Tanto Acosta como Nares fueron apresados el 8 de julio a raíz de los mensajes que publicaron en Twitter durante el mes de marzo. Ambos criticaban el sistema bancario en sus comentarios.
El Tribunal de Control de Ciudad Bolívar acogió la imputación realizada por la fiscal Ninorka Gonzalez y acordó medidas cautelares. Los imputados deberán presentarse cada 15 días y no podrán difundir mensajes referidos a los bancos.
De igual forma, causó mucho revuelo en la prensa nacional la detención de un ingeniero de Corpoelec, Jesús Majano, por sus comentarios en Twitter que, a juicio del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales, y Criminalísticas (CICPC), presuntamente “incitaban al magnicidio” e “instigaban a delinquir” contra Hugo Chávez.
Jesús Majano fue detenido en su residencia y trasladado hasta División de Captura del CICPC, donde permaneció hasta el 10 de septiembre, cuando fue trasladado al Palacio de Justicia. El ingeniero tiene libertad condicional, con una medida cautelar de presentación quincenal en el Tribunal 31 de Control. Se le atribuyó el delito de instigación al odio público.
Caso 2011: México
a) Veracruz
El 25 de agosto las autoridades veracruzanas detuvieron a Gilberto Martínez Vera y Maruchi Bravo Pagola, por la sospecha de que enviaron rumores de tiroteos y otros actos violentos a través de Twitter, y dijeron que planean acusarlos de terrorismo. Los mensajes advertían de ataques contra bancos y escuelas.
Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, afirmó que cualquier información falsa o rumores sobre ataques a escuelas del estado “tendrán consecuencias legales” y serán calificadas como “terrorismo”, como lo establece el artículo 311 del Código Penal de Veracruz.
Por estos hechos, la Procuraduría de Justicia del estado identificó y detuvo a los dos posibles iniciadores de los rumores a través de twitter, por lo que inició la averiguación previa 340/2011 por el delito de terrorismo.
El último día de agosto, la juez tercera de primera instancia, Beatriz Hernández Rivera, en los juzgados del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, les dictó auto de formal prisión, encaminándolos a un juicio en el que enfrentarán cargos de terrorismo y sabotaje, delitos tipificados en el Código Penal de Veracruz y por los que podrían alcanzar penas desde tres hasta 30 años de cárcel.
El secretario de Gobierno de Veracruz, Gerardo Buganza, aclaró ante medios este miércoles que la PGJEV “no está juzgando a tuiteros, sino a personas que incurrieron en acciones tipificadas como actos de terrorismo”.
Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación por la detención de esas dos personas. Atribuye la psicosis a la escalada de violencia en Veracruz, producto de disputas entre bandas delictivas y afirma que la distribución de información en una “forma de protegerse ya que existe muy poca información fidedigna”.
Mientras tanto, Fidel Ordóñez abogado de los inculpados mencionó que tiene varias estrategias de defensa en el sentido que van a acudir a la primera instancia que les corresponde del poder judicial de la federación para hacer valer un amparo de naturaleza indirecto ante un juez de distrito el cual tiene que ver con la libertad de expresión.
Estemos atentos a lo que ocurra sobre el particular.
b) Tabasco
El 31 de agosto de 2011, el Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal local que penaliza de seis meses a dos años de cárcel a quien difunda falsa alarma (“rumores”) vía telefónica o redes sociales que provoquen movilización, pánico y caos social.
En mayo pasado, el gobierno de estado había anunciado que se tipificaría como delito y se castigaría con cárcel a quienes por medio del Twitter y Facebook estaban creando rumores en esas fechas.
Sin embargo, abogados tabasqueños alertaron que una mala interpretación o aplicación de este nuevo ordenamiento jurídico para frenar el “rumor”, podría frenar la libertad de expresión o bien provocar persecución política.
Hasta aquí la exposición de los procesos jurisdiccionales suscitados en contra de tuiteros.
Vean ustedes mis lectores el poder de un tweet o de publicar en el muro de Facebbok; los gobiernos de ambos países sostienen la peligrosidad de las situaciones que hoy son motivo de análisis. En primera instancia sorprende la eficiencia y rapidez del sistema de justicia para detener a presuntos culpables en delitos bien definidos, el más delicado desde mi punto de vista es el de terrorismo, sobre todo por los tiempos de crisis que enfrenta México lindo y herido. El debate acerca de este tipo de hechos, es necesario. En este país, considerado como democrático y que se jacta de respetar los derechos fundamentales de su población. ¿Qué más nos falta por ver? ¿Cuántas situaciones más se producirán por el manejo de Redes Sociales? Esta es solo una muestra de lo que puede acontecer. No podemos estar ajenos a generar una opinión informada.
Vivimos en la era de la tecnología e información; donde es imperativo ponernos de acuerdo en las maneras y usos de las Redes Sociales, no es sensato llegar a conclusiones a priori sin conocer a fondo lo que ocurre. Ciudadanía y gobierno en conjunto tenemos asignaturas pendientes en este tenor. Unos en la regulación adecuada sin coartar el derecho fundamental de libre expresión y los otros en el uso de la red sin obstaculizar los derechos de terceros.
Lo dejo a la reflexión.
¡Nos leemos la próxima Nornilandia!