@BarbaraCabrera
“El simulacro de legalidad en el que México ha
vivido durante décadas es la nota definitiva de
su naturaleza no democrática: un orden político
incapaz de acatar su propia legalidad”.
Jesús Silva-Herzog Márquez
vivido durante décadas es la nota definitiva de
su naturaleza no democrática: un orden político
incapaz de acatar su propia legalidad”.
Jesús Silva-Herzog Márquez
Hoy en día, debido a la vorágine social en que estamos inmersos, es casi imposible no estar enterados de los problemas que en materia de seguridad enfrenta el país, debido en gran medida a la falta de una aplicación adecuada de políticas públicas que incluyan, entre otros aspectos, una serie de reformas legales, como la legalización de las drogas, que algunos analistas e investigadores opinan que es la manera de eliminar el negocio del narcotráfico. El debate ha iniciado.
En esta tesitura, el día de ayer, comenzaron los trabajos de un Foro Internacional denominado “Hacia un modelo policial para México del siglo XXI”, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco; y se torna relevante advertir que se trata de un espacio donde acude el Gobernador de Jalisco, Emilio González y en voz de los municipios habla Azucena Olivares Villagómez, quien funge como Presidenta de la Asociación de Municipios de México (AMAC), y se advierte que “casi el 90 por ciento de los mil 200 municipios agrupados por la AMAC rechazan un mando único de policía”. Hay opiniones divergentes. No hay avances.
Sin duda, este espacio está plagado de buenas intenciones y de discursos rimbombantes que desde mi óptica poco aportan para la situación que los ciudadanos tenemos que enfrentar.
De poco sirve que el Ejecutivo estatal y los propios de los ayuntamientos se “sienten” a discutir temas que debieran estarse analizando y dictaminando por el Poder Legislativo, tanto Federal como los estatales, ya que en una distribución de competencias corresponde a este la potestad de la elaboración de las leyes que son observables y obligatorias para todos.
No hay que perder de vista que en nuestro país existen 2,445 municipios. Entre ellos indudablemente se dan diferencias sociales, culturales, demográficas, económicas y políticas mayúsculas. Por lo que es importante tomar en cuenta esta realidad al momento de pronunciarse por la inclusión de un mando único policial.
Además, algunas estadísticas advierten que:
· El 70% de los policías no llega a las corporaciones por verdadera convicción.
· El 45% labora bajo esquemas laborales que no corresponde a los riesgos profesionales a los que se enfrentan, que va desde los turnos que tienen que cubrir hasta los salarios que perciben.
· La edad promedio en que un policía se incorpora a una dependencia en México, es de 28 años.
· En Jalisco, hay 8 municipios sin elementos policíacos, según lo señala la Secretaria de Seguridad Pública del Estado.
En dicho Foro de discusión, se habló de la experiencia internacional, donde expertos de España, Chile y Francia enfatizaron que más que buscar un nuevo modelo de seguridad pública; se debe considerar la posibilidad de profesionalizar a los elementos policíacos mediante una adecuado servicio civil de carrera. Ya que lo fundamental, no son los modelos, sino las personas que integran los cuerpos de policías, eso es lo fundamental: la preparación, la remuneración y las expectativas.
Finalmente, los teóricos especialistas en esta temática señalan un plan tentativo de reformas, o de medidas básicas tendientes a una reforma, las cuáles deberían contemplar y cito textual:
* La fijación de sueldos relativamente altos para combatir la corrupción (o al menos evitar justificaciones para la misma) y la creación de un nuevo y único escalafón policial.
* La contratación y formación de nuevos cuadros para puestos civiles (administrativos) y policiales (operativos).
* La enseñanza de la ética de los Derechos Humanos como requisito indispensable para la capacitación de los oficiales de policía.
* Un proceso de revisión y racionalización de las metodologías de reclutamiento (que incluyan evaluaciones psicológicas con el fin de identificar potenciales elementos peligrosos).
* La creación de una fuerza federal de control totalmente independiente de la corporación policial (Departamento de Asuntos Internos, Policía Ombusdman, Programa Anticorrupción, etc.) con capacidad de gestionar las denuncias cuando los testigos de ilícitos policiales son renuentes o se sienten intimidados, y con jurisdicción en todo el país.
* Adopción de métodos de autorregulación comunitaria de la seguridad preventiva, con delegaciones policiales que estén permanentemente en contacto con los vecinos y sus problemáticas cotidianas.
* La actualización de la información disponible sobre las actividades delictuales y el desarrollo de metodologías de análisis para comprender los fenómenos vinculados a la conflictividad y a la violencia, para uso de la fuerza policial.
* Programas sociales de prevención de la violencia y el delito, que incluyan iniciativas sobre violencia en los hogares, para evitar que las disputas familiares decanten en la comisión de delitos graves; actividades de esparcimiento y orientación para jóvenes de los barrios pobres; programas de mejoras del hábitat y el mejoramiento general de las condiciones de vida.
* La contratación y formación de nuevos cuadros para puestos civiles (administrativos) y policiales (operativos).
* La enseñanza de la ética de los Derechos Humanos como requisito indispensable para la capacitación de los oficiales de policía.
* Un proceso de revisión y racionalización de las metodologías de reclutamiento (que incluyan evaluaciones psicológicas con el fin de identificar potenciales elementos peligrosos).
* La creación de una fuerza federal de control totalmente independiente de la corporación policial (Departamento de Asuntos Internos, Policía Ombusdman, Programa Anticorrupción, etc.) con capacidad de gestionar las denuncias cuando los testigos de ilícitos policiales son renuentes o se sienten intimidados, y con jurisdicción en todo el país.
* Adopción de métodos de autorregulación comunitaria de la seguridad preventiva, con delegaciones policiales que estén permanentemente en contacto con los vecinos y sus problemáticas cotidianas.
* La actualización de la información disponible sobre las actividades delictuales y el desarrollo de metodologías de análisis para comprender los fenómenos vinculados a la conflictividad y a la violencia, para uso de la fuerza policial.
* Programas sociales de prevención de la violencia y el delito, que incluyan iniciativas sobre violencia en los hogares, para evitar que las disputas familiares decanten en la comisión de delitos graves; actividades de esparcimiento y orientación para jóvenes de los barrios pobres; programas de mejoras del hábitat y el mejoramiento general de las condiciones de vida.
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