“Un país no consolida un régimen democrático por accidente, sino con acciones y participación constante e informada de sus ciudadanos”
@_BarbaraCabrera
En un ejercicio
cívico sin precedente, el poder ciudadano se ha hecho manifiesto. En menos de
15 días se recabaron por todo el país las firmas de ciudadanos que estamos a
favor de llevar a juicio a los expresidentes a causa del daño causado a México
durante sus administraciones: por su rapacidad, complicidad, corrupción y
políticas neoliberales.
Bajo el hashtag #JuicioAExPresidentesYa lanzado en Twitter, se hizo patente la imperiosa necesidad de justicia; y con la llegada de la Cuarta Transformación de la vida pública de México liderada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos cerca de lograrlo.
Así, de las 3 vías posibles, dos de ellas se han concretado: la ciudadana y la del Presidente de la República. El Poder Legislativo nos queda a deber, no se lograron poner de acuerdo. Les ganó el protagonismo.
Importante dejar
constancia que ciudadanos de todo el país, sin recibir pago alguno, pusieron
sus mesas y formatos para recolectar los datos acompañados de las firmas de los
ciudadanos que pese a la pandemia acudimos a ejercer este derecho. La
concentración de todas las firmas recabadas fue en la Ciudad de México, donde
se contaron, foliaron y acomodaron en cajas para ser entregadas al Senado de la
República; esto fue concretado gracias a la coordinación y cobertura en Twitter
de @AlinaDuarte_, @epigmenioibarra, @Omarel44, @Ariabahena y @RodrigoGillot
¡Misión
cumplida!
ASÍ LO DIJE EN
TWITTER: En una de las cajas va mi firma para el #JuicioAExPresidentes.
Seguiremos luchando para que se haga justicia. Los personeros del
#neoliberalismo causaron grandes daños al país. Quedan algunos por ahí, en los
Estados. 2021 es la ocasión para botarlos al basurero de la historia. [10:45
a.m. 16/09/20]
· En 15 días se reunieron 2.7 millones de
firmas para solicitar la #ConsultaPopular para juzgar a ex-presidentes (y al
Borolas)
·
La venta de los cachitos para la rifa
del avión presidencial fue un éxito.
·
El Presidente firmó la solicitud que envió
al Senado, para respaldar la consulta popular y enjuiciar a los expresidentes.
Sí, septiembre ha sido un buen mes.
A continuación la Carta del Presidente López Obrador al
Senado de la república para respaldar al pueblo:
A las y los
Senadores de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
El suscrito,
Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en
ejercicio de la facultad que me confiere la Ley Federal de Consulta Popular en
su capítulo II, artículo 12, fracción I, presento formalmente a ustedes la
siguiente petición de consulta popular para la jornada electoral que habrá de
celebrarse el domingo 6 de junio de 2021 o en la fecha que establece el recién
reformado artículo 35 de la Constitución, a fin de preguntar al pueblo de México sobre el asunto de
trascendencia nacional que se describe y fundamenta en la siguiente
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
PRIMERO. Entre
el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo
caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos
monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción
generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que
desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad
pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el
quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio
nacional. Esa etapa trágica en la vida del país se denomina periodo neoliberal
o neoporfirista.
SEGUNDO. Los
males señalados en el párrafo anterior no ocurrieron de manera fortuita sino
que fueron consecuencia de la aplicación, durante cinco sexenios, de un modelo
político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular. Las
más altas esferas del poder público, y específicamente quienes ejercieron la
titularidad del Poder Ejecutivo, dieron fe en innumerables ocasiones, tanto de
palabra como en los hechos, de su adhesión a las políticas privatizadoras, su
determinación de privilegiar a los grandes poderes económicos y de su
empecinamiento en estrategias de seguridad violentas, inhumanas y
contraproducentes. En suma, los desastres humanos, sociales y nacionales
sufridos por el país durante esos treinta años fueron resultado de una suma de
actos voluntarios y racionales por parte de quienes lo gobernaron en ese lapso.
TERCERO. El
neoliberalismo gobernante se tradujo en la pérdida de centenares de miles de
vidas, en decenas de miles de desapariciones, en la conculcación de derechos
políticos y sociales, en el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la
marginación, la informalidad y la descomposición social, en el deterioro
sostenido de los sistemas públicos de salud y educación, en la desprotección de
millones de jóvenes y adultos mayores, en el acoso depredador en contra de las
comunidades indígenas, en un pronunciado deterioro de las instituciones, en la
pérdida de soberanía y en la devastación de las industrias petrolera y eléctrica,
entre otras consecuencias graves.
CUARTO. La
desigualdad en México se profundizó precisamente durante el periodo neoliberal
o neoporfirista. Según cifras del Banco Mundial y de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), fue en el sexenio de Carlos
Salinas de Gortari, cuando crecieron más en nuestro país las diferencias
económicas y sociales entre ricos y pobres, y no es casual que al mismo tiempo
se entregó a particulares nacionales o extranjeros una cantidad sin precedentes
de bienes públicos. Un dato: en julio de 1988, cuando Salinas fue impuesto
mediante un fraude electoral, en la lista de la revista Forbes –en la cual
figuran las personas más ricas del mundo–, solo aparecía una familia mexicana,
la de los Garza Sada, con dos mil millones de dólares; pero al finalizar aquel
sexenio, ya estaban incorporados a ese listado otros veinticuatro mexicanos,
que poseían en conjunto más de cuarenta y cuatro mil millones de dólares. Casi
todos ellos, habían sido beneficiados con empresas, minas y bancos que antes
eran propiedad de los mexicanos. Luego de estar colocado en 1988 en el lugar 26
entre los países del mundo con más multimillonarios, en 1994 México escaló al
cuarto sitio, solo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania.
QUINTO. El
presidente Ernesto Zedillo continuó las políticas privatizadoras de su
antecesor y las llevó hasta sus últimas consecuencias: privatizó bienes
nacionales como los Ferrocarriles pero además adjudicó al conjunto de los
mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos en el marco
del “rescate bancario” de 1998. A la
fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por
bonos del Fobaproa, esa deuda pública asciende a cerca de dos billones y no
terminará de saldarse sino hasta el año 2070.
SEXTO. Vicente
Fox Quesada llegó a Los Pinos como resultado del anhelo social de alcanzar la
democracia y la alternancia. Sin embargo, cuando se acercaba el final de su
gestión intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de
impedir el triunfo de la oposición. Tal intromisión no solo fue reconocida en
el fallo con el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) legalizó el turbio proceso electoral de 2006 sino por el propio Fox, quien,
al año siguiente, en una entrevista con Telemundo, admitió que “era importante
detener a López Obrador”, y en 2010 se jactó de haber “cargado los dados” del
proceso electoral. De esa forma, traicionó el mandato democrático al que se
debía y los principios mismos de la democracia.
SÉPTIMO. Desde
el inicio de su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa embarcó al país en una
estrategia militar supuestamente orientada a “combatir el narcotráfico” que
exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo
control de las bandas delictivas, pese a las innumerables y conocidas
advertencias de que tal política habría de resultar contraproducente y
terriblemente costosa para México. Lo más grave: colaboradores suyos y
periodistas independientes le señalaron los indicios de que su secretario de
Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice de una de las facciones del
narcotráfico, pero el gobernante no hizo nada. A la luz de la detención y el
enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos, la actitud de Calderón solo
puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad
activa o pasiva con la delincuencia organizada.
OCTAVO. La
irrupción de grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la
campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue señalada desde 2012, sin que
ello tuviera consecuencias legales o llevara al TEPJF a anular la elección,
como en ese tiempo, desde la oposición formalmente lo exigimos. Sin embargo,
declaraciones recientes de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex
durante el sexenio de Peña, han permitido documentar que parte de ese dinero
provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht. Por otra parte, los
señalamientos de Lozoya apuntan a la presunta complicidad de Peña Nieto en las
cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para
obtener los votos y la aprobación de la llamada reforma energética, así como en
la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, operación
que causó al erario un quebranto superior a los 200 millones de dólares.
NOVENO. Los
hechos referidos en los párrafos anteriores, más muchas otras calamidades no
relatadas en aras de la brevedad, generaron una creciente e inocultable
indignación que desembocó en múltiples exigencias de justicia en sectores
ampliamente mayoritarios de la sociedad mexicana. Tales exigencias se toparon
con una diversidad de mecanismos de encubrimiento e impunidad, con la
adulteración de disposiciones legales, con las componendas de los partidos
subordinados al régimen, con el silencio cómplice de la mayoría de los medios
de información nacionales y extranjeros, con acuerdos tácitos de protección
entre los presidentes salientes y los entrantes y con aparatos de procuración
de justicia puestos al servicio de los propios gobernantes.
DÉCIMO. Desde el
primer día de mi gobierno se han incrementado las peticiones populares de
esclarecimiento y justicia para las acciones presuntamente delictivas que
posiblemente cometieron los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto
Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique
Peña Nieto en el ejercicio del cargo. No obstante, el masivo clamor de justicia
se enfrenta a zonas grises del marco legal, como las limitaciones que establece
el artículo 108 constitucional, en curso de modificación, para actuar
penalmente en contra de un presidente en funciones, o como la consideración de
delitos imprescriptibles que los mencionados habrían podido cometer en el
ejercicio de la Presidencia.
UNDÉCIMO. El
país se encuentra, en este punto, en una situación en la que una demanda social
mayoritaria carece de un cauce institucional nítido y de una vía clara de
expresión en las leyes vigentes y en la que es ineludible que el Estado
emprenda un proceso de esclarecimiento a este respecto. En mi calidad de
Presidente de la República considero necesario avanzar en el discernimiento de
este punto, sin estridencias, con responsabilidad, pero anteponiendo en todo
momento el predominio de la voluntad popular y el respeto irrestricto de la legalidad.
DUODÉCIMO.
Independientemente del curso que tomen las acciones legales en los procesos en
contra de diversos ex funcionarios, tanto en México como en el extranjero, la
decisión de si debe esclarecerse en términos legales la actuación de los cinco
ex presidentes referidos ha de considerarse un tema de trascendencia nacional y
que por su proyección histórica y sus implicaciones políticas amerita ser
puesto a la consideración de la ciudadanía en un espíritu de democracia
participativa. Es pertinente señalar que no es ésta la primera ocasión en la
que promuevo tales ejercicios; se han realizado con respecto a la construcción
del aeropuerto en Texcoco, la planta eléctrica de Huesca, Morelos, la cervecera
en Mexicali y el Tren Maya, y he promovido la inclusión en la Carta Magna de
las consultas regulares de revocación de mandato.
DÉCIMO TERCERO.
En mi toma de posesión, consciente de la relevancia y las implicaciones de
juzgar penalmente a quienes ejercieron la Presidencia, propuse la realización
de una consulta popular como un paso necesario para resolver sobre este
delicado asunto. Si el pueblo da su aprobación, las instituciones responsables
de desahogar las potenciales acusaciones tendrán un enorme respaldo para
realizar esa tarea con absoluta libertad; si rechaza la propuesta, nadie podrá
acusarlas de encubrir o solapar conductas ilegales. En lo personal, reafirmo la
postura que he sostenido siempre sobre este tema, en el sentido de que en el
terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo
fundamental es evitar los delitos del porvenir. He dicho y reitero, que yo
votaría por no someter a los expresidentes a proceso. Sin embargo, de
realizarse la consulta, respetaré el fallo popular, sea cual sea, porque en la
democracia el pueblo decide, y por convicción me he propuesto mandar
obedeciendo. En otras palabras, nuca traicionaré la confianza del pueblo y no
seré cómplice de la impunidad ni voy a ser tapadera de acciones turbias del
pasado, pero tampoco pretendo impulsar represalias contra nadie porque, como lo
he afirmado en numerosas ocasiones, no es mi fuerte la venganza.
DÉCIMO CUARTO.
El ejercicio de la consulta popular sobre la viabilidad de iniciar procesos
legales en contra de los ex presidentes es en sí mismo un precedente necesario
para prevenir la repetición de conductas indebidas en el ejercicio del poder y
un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizó a los
gobiernos neoliberales, una forma de despejar la ambigüedad legal que ha
imperado sobre las responsabilidades de la figura presidencial y una
reafirmación del principio de soberanía popular contenido en el artículo 39 de
nuestra Constitución Política.
DÉCIMO QUINTO.
La presente petición no contraviene la limitación establecida en el numeral 3°,
fracción VIII del artículo 35 constitucional, en el sentido de que “no podrán
ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos
reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que
el Estado mexicano sea parte, ni las garantías para su protección”, por cuanto
la consulta solicitada tiene el propósito central de llevar a un cauce legal
claro un asunto de interés general y trascendencia nacional y posibilitar, en
su caso, juicios apegados a derecho y respetuosos del debido proceso. Por el
contrario, la consulta pedida reafirma el derecho a participar en los asuntos
públicos estipulado en el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos y el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
y reafirma el derecho a la justicia plasmado en el artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DÉCIMO SEXTO. El
tema que motiva la presente petición de consulta popular repercute en todo el
territorio nacional e involucra al conjunto de la población, en términos del
artículo 6 de la Ley Federal de Consulta Popular, al estar involucrados sus
intereses e instituciones y dado que los hechos que la originan revisten por sí
mismos una importancia y gravedad tal, que es preciso someterlos a este
mecanismo de participación ciudadana.
PREGUNTA
DE LA CONSULTA POPULAR
En consecuencia
y en cumplimiento a la fracción III del artículo 21 de la Ley Federal de
Consulta Popular, propongo la siguiente pregunta:
¿Está
de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y
procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta
comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari,
Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y
Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
Por lo aquí
expuesto, solicito respetuosamente a ustedes:
PRIMERO. Tener
por aceptado en tiempo y forma el presente escrito.
SEGUNDO. Dar cuenta
de la presente petición de consulta popular y turnarla a la Comisión de
Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan, para su análisis,
dictamen y cumplimiento de las etapas procesales correspondientes, con
fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 27 de la Ley Federal
de Consulta Popular, y demás disposiciones aplicables.
Palacio
Nacional, Ciudad de México, 15 de septiembre de 2020
Andrés
Manuel López Obrador Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Por
cierto, debido a que el asunto de
En su
proyecto de resolución –el cual será discutido el 1 de octubre- el Ministro parece
rendir homenaje al viejo régimen. Solo baste leer el numeral 122 y cito: “Si
bien cada uno de los motivos expuestos es por sí solo suficiente para declarar
la inconstitucionalidad de la materia de la consulta popular, la suma de todos
ellos permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades
que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución
de los delitos y el Estado de Derecho mismo, lo cual implica la afectación de
los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos”
Por lo
que el personero del neoliberalismo resuelve:
ÚNICO.
Es inconstitucional la materia de consulta popular a que este expediente se
refiere. Notifíquese al Senado de
(Clic
aquí para que lean el documento completo https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2020-09/Rev%20const%201-2020%20-%20PROYECTO.pdf)
Así
que estemos muy atentos y exijamos justicia; lo que nos corresponde. 2.7
millones de firmas no se equivocan; y el Presidente nos respalda
quien recientemente afirmó: “Se quitaron todos los candados
para que los mexicanos participen en consultas ciudadanas nosotros ya
cumplimos, nada más falta que cumpla
Es
todo en esta ocasión.
Quedé
esta Nornilandia para la historia.
¡Hasta
la próxima!