@_BarbaraCabrera
“La ley por la ley puede ser el mejor
instrumento de dominación del poder”
Jaime Cárdenas Gracia
Debido a los golpes mediáticos que
últimamente está asestando el Poder Judicial –concretamente desde la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde el arribo de Norma Piña a la
presidencia- al proceso de transformación que vivimos en México y América
Latina, considero oportuno hablar acerca de una palabra, la cual no es
precisamente un nuevo vocablo, no obstante, ha cobrado notoriedad: me refiero
al lawfare.
En palabras del
Presidente Andrés Manuel López Obrador: “Yo sostengo que el Poder Judicial está
podrido, echado a perder. Hay excepciones y son honrosas excepciones, pero es
eso la excepción no la regla general. Porque es un poder que desde hace muchos
años está sometido al poder económico y al poder político. Sale un violador, un
narcotraficante y dicen: el Gobierno. No, no, es un juez que pertenece al Poder
Judicial. Pues es un proceso, el de la transformación. No se puede de la noche
a la mañana arrancar de raíz un régimen de corrupción que se impuso por mucho
tiempo, siglos”
Recordemos como el 9 de junio de 2022, el
grupo opositor, a través de sus dirigentes nacionales, descaradamente dejaron
al descubierto su estrategia al salir a la escena pública al declarar a “sus
legisladores” en “moratoria constitucional” y amagaron en el punto 3 de su
desplegado que en caso de aprobarse iniciativas contrarias a la Constitución
acudirían a la SCJN. Lo que realmente quisieron decir es: “cuando las reformas
no estén ad hoc a la defensa de nuestros
intereses, el Poder Judicial nos hará la chamba”
Posteriormente, en noviembre de 2022, el
senador por Morena José Narro Céspedes alertó durante el Foro “Infodemia y
lawfare: estrategias políticas por la verdad y la justicia”, acerca de la
necesidad de construir conocimiento colectivo, estratégico y práctico para
entender, contrarrestar y prevenir los ataques jurídicos mediáticos que se
realizan en contra de los movimientos progresistas de México y otros países.
“El
lawfare, dijo, podría traducirse como guerra jurídica y judicial, que consiste
en el empleo de herramientas propias del poder jurídico para anular o debilitar
el ejercicio de los derechos políticos de ciertos actores de la realidad.
Narro
Céspedes, destacó que estas guerras judiciales son posibles, gracias a la
acción previa de los medios de comunicación, pues es a través de ellos, que las
derechas nacionales y el poder económico deslegitiman las acciones penales y
jurídicas en el terreno de la opinión pública”
Y en esas anda la
oposición moralmente derrotada, judicializando todo aquello que no pueden
ganar, tanto en las urnas, como en las votaciones. Lo único que no podrán
llevar a tribunales es disputar el apoyo del pueblo, porque nosotros estamos
del lado de la transformación.
Atinadamente lo
expresó el Presidente en una de Las Mañaneras: “Van a seguir queriendo parar
las obras, pero no van a poder porque de acuerdo a la Constitución, a las leyes
tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo, no se va a
poder cancelar las obras, no se puede; una cosa es que violen la Constitución,
a ver que me digan los Ministros si no la están violando cobrando más de lo que
cobra el Presidente y otra es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al
Poder Ejecutivo, o sea que ya no ejecutemos nada es cancelar un poder, sería un
golpe de Estado técnico”
Otro ejemplo de
las mañas de los moralmente derrotados, lo encontramos recientemente, específicamente
el 25 de mayo de 2023, cuando la senadora por Morena, Citlalli Hernández
exhibió vía Twitter al senador del PAN Julen Rementería por intentar que se
aprobara un punto de acuerdo para exhortar a la SCJN a destituir al Presidente
Andrés Manuel López Obrador “por desacato judicial” ¿En serio creen que el
Senado aprobaría un punto de acuerdo en este sentido? Un punto de acuerdo que
también incluía al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López; al Secretario
de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, así como al Secretario de
Marina, Rafael Ojeda.
Y agrega la
senadora Citlalli Hernández: “en fin, lo que queda claro es que la oposición no
hace política, judicializa todo y se han quitado la máscara de golpistas. Son
los herederos de Victoriano Huerta. Quieren conquistar vía la SCJN lo que el
pueblo les ha negado en las urnas”
Con este contexto,
en esta Nornilandia quiero compartirles información acerca del lawfare y sus
implicaciones, desde un lenguaje claro y preciso, para estar informados y
llenarnos de acciones.
A continuación,
algunos datos obtenidos de la literatura publicada al respecto, entre la que
destaca el libro “El lawfare. Golpes de Estado en nombre de la Ley” de Arantxa
Tirado Sánchez.
El lawfare es una
poderosa arma de guerra que tiene la virtud de camuflarse en la legalidad para
disimular sus objetivos ilegítimos. Quizá uno de los más peligrosos, además de
su capacidad para subvertir la voluntad popular manipulando a la opinión
pública y se define, nos dice Raúl Zaffaroni, como una guerra política por la
vía judicial, o como la persecución por la vía judicial-mediática, para
eliminar al enemigo político.
Se trata de un
fenómeno que padecemos a nivel regional. Hoy la disputa por el poder se da en
nuestros países, principalmente, a través del uso de la justicia. Su objetivo
es disciplinar y proscribir gobiernos y líderes populares (como ejemplo tenemos
a Lula y Dilma en Brasil; a Rafael Correa en Ecuador; a Evo Morales en Bolivia;
a Pedro Castillo, en Perú, entre otros)
El ataque judicial
cuenta, además, con el apoyo de los grupos económicos de comunicación, al
servicio de los intereses concentrados, quienes fomentan y difunden discursos
de odio –llegando incluso a plantear la eliminación de quien piensa distinto-
que no tardan en traducirse en acciones violentas de enorme gravedad. Tal es el
caso del intento de asesinato de la vicepresidenta de Argentina Cristina
Fernández de Kirchner, un hecho intolerable para la democracia.
Sin duda estamos
ante el aumento del protagonismo del Poder Judicial en las agendas políticas o
sociales centrales, y la judicialización de las cuestiones relativas a las
políticas públicas.
Y desde el poder
ciudadano, ¿qué podemos hacer para revertir el lawfare?
Implementar
mecanismos preventivos para confrontar los golpes por goteo, los cuales pueden
desarrollarse en los barrios y desde las organizaciones sociales. Esto es,
ejercer nuestro poder ciudadano, informados y organizados, sin caer en
provocaciones.
La propuesta para
revertir estos desafíos es, de todos modos, con más derechos: crear y
consolidar una cultura legal popular desde los movimientos sociales. La cultura
legal popular consiste, en primer lugar, en incorporar el funcionamiento de la
justicia en la agenda de transformación social. En segundo lugar, se trata de
difundir conocimiento legal básico para quebrar la torre de marfil en la que se
encuentran los tribunales, facilitando un contralor cívico que evite que las
causas penales del lawfare avancen.
En este objetivo
se precisa una tarea de formación. Esta puede tener lugar a través de eventos
que acerquen el derecho a los movimientos sociales y lo vuelvan comprensible,
de conformar y consolidar medios alternativos, así como la utilización de redes
sociales que incorporen las novedades de tribunales para que la única voz no sea
la de los medios hegemónicos; además de establecer mecanismos de divulgación de
información sobre los ministros, fiscales, defensores y jueces del lawfare para
conocer sus acciones y terminar con la protección del anonimato.
Finalmente, el
lawfare indica como imprescindible (aunque no suficiente) la urgente necesidad
de una profunda reforma judicial. Desde esta perspectiva, pugnemos por un Poder
Judicial democrático, igualitario y al servicio del pueblo; no de los oligarcas
y unos cuantos intereses.
Nuestra sociedad
requiere un Poder Judicial que se repiense a sí mismo. Que se actualice, que se
democratice, que sea un Poder Judicial para esta democracia y no en contra de
ella. Es preciso transparentar las acciones de quienes conforman ese Poder,
desde jueces, magistrados y ministros. Nuestra sociedad tiene que conocer
quiénes son los juzgadores en todos los niveles, como piensan, cuál es su
ideología.
De ahí la
trascendencia de activar el Plan C que nos explica en Presidente Andrés Manuel López
Obrador:
“500 diputados,
son 300 de mayoría y 200 plurinominales: 500. Para poder reformar la
Constitución se necesitan 334, hay que ir por los 334 en la próxima elección,
para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Ese es el Plan C, que
cuando se vaya a votar se piense en eso, si se está en contra del clasismo, del
racismo, de la corrupción que se piense a la hora de votar que sea no solo para
el Presidente o la Presidenta, parejo, porque si se tiene el triunfo en la
Presidencia, como ahora ganamos la Presidencia, ganamos la mayoría en el
Congreso, pero como no se tiene dos terceras partes en el Congreso se han
dedicado a bloquearnos. Y ahora con la complicidad de un poder faccioso al
servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial. Y si se puede alcanzar, si
hoy fueran las elecciones se alcanza, porque en las encuestas la gente está a
favor de la transformación”
Cierro esta
Nornilandia afirmando que al bloque opositor y sus personeros les da urticaria el
pueblo, así como el Estado de bienestar, por eso utilizarán cuanto mecanismo
esté a su alcance. Es muy importante mantenernos alertas para no permitir su
avance y nos arrebaten lo ganado.
¡Hasta la próxima
Nornilandia!