PODER, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

@BarbaraCabrera

El agua es a la vida, lo que la
transparencia a un buen gobierno[1]

A lo largo de la historia de la humanidad, los esfuerzos por encontrar los mecanismos de control sobre el ejercicio del poder han sido diversos. Las luchas contra un Estado despótico que libraron Aristóteles, Sócrates y Platón; y los planteamientos de Rousseau, Montesquieu y Locke, sobre las formas de poder y la representación del pueblo, aun siguen siendo vigentes.
También encontramos por ejemplo las luchas sostenidas por los desplazados del poder o por los excluidos del mismo, ahí están las luchas encabezadas por construir un Tercer Estado planteado por Emmanuel Sieyes, quien señala “El pueblo cree, que sólo tiene derecho a lo que está expresamente permitido por las leyes. Parece ignorar que la libertad es anterior a toda sociedad, a todo legislador (…)”

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[1] Emmanuel Sieyes, ¿Qué es el tercer Estado? Traducción y notas Marta Lorete y Lidia Vázquez, Alianza editorial, Madrid, 2003.[2] Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, traducción de José F. Fernández Santillán, FCE, México, 2003.[3] Alonso Lujambio palabras de clausura de la Tercera Semana Nacional de Transparencia, 30 de agosto de 2006.

Pero ¿Porque? ¿Donde? ¿En que momento el poder perdió su razón final de ser? ¿Cuando se transformo de instrumento para el bienestar colectivo a instrumento de servicio personal? ¿Como los individuos acotamos el poder desmedido que le hemos dado a los representantes del Estado? ¿Qué instrumentos nos permiten supervisar el quehacer del gobierno?
A contraparte de esta historia desmedida, una de las formas de control del poder político lo ha sido la transparencia, forma a través de la cual la sociedad puede auscultarlo. Por ello debemos valorar que el ejercicio de un gobierno transparente ayuda a la construcción de un Estado Democrático de Derecho, es así como la transparencia es fundamental para que la ciudadanía pueda participar de manera informada e influir sobre las decisiones de políticas públicas y a su vez dar confianza a las instituciones del Estado.En nuestro país un gobierno transparente es una aspiración constante y no debemos claudicar en la construcción de él. Hoy dado el avance de los recursos tecnológicos, la sociedad de la información es más real en algunos sitios que en otros; sin embargo se deben generar las condiciones para que no importando las circunstancias territoriales o económicas los ciudadanos puedan acceder al derecho a la información.
Cuando las instituciones públicas son transparentes y rinden cuentas de su quehacer, se pone un dique al autoritarismo, a la discrecionalidad y a la corrupción; por ello, es imperativo que la transparencia se vuelva una cultura cívica, que se extienda y forme parte esencial de las actitudes y comportamientos permanentes de empresarios, de la sociedad civil, de partidos políticos, de organizaciones sindicales, de los ciudadanos y, por supuesto, de los servidores públicos en su desempeño, no solo público sino profesional y la interacción entre todos.
La transparencia, ha sido siempre una virtud de los hombres honestos y actualmente se ha convertido, al igual que la rendición de cuentas, en eje fundamental de la democracia. Ésta implica la obligación de someter al escrutinio generalizado la información de todos aquellos que manejan recursos públicos para que la sociedad evalúe su desempeño y por otro lado la rendición de cuentas.
Hoy no es posible hablar de un gobierno transparente sin reclamar la rendición de cuentas clara y oportuna de quienes ejercen el poder. Hoy la transparencia es un reclamo que se finca en la búsqueda de la verdad sobre los asuntos que son de interés público. Y es que la exigencia contemporánea de transparencia tiene raíces profundas en la exigencia de un gobierno democrático y honesto.
Por ello, se debe trabajar en un esquema de que opere en dos vías: El derecho a recibir información, pero también la obligación de divulgarla y explicar su contenido. Los resultados deben ser, además de una mayor transparencia, abatir la corrupción, un gasto público más eficiente, liberar recursos para programas prioritarios, solucionar problemas estructurales e identificar oportunidades de mejora. Es decir, la adecuada rendición de cuentas debe sujetar el uso del dinero público a las disposiciones legales y óptimos estándares de desempeño.
Estoy convencida que sólo una ciudadanía honesta, bien informada y participativa es capaz de juzgar la actuación del gobierno. Sin transparencia y sin acceso a la información pública es imposible exigir cuentas a los gobernantes. Porque el servicio público debe ofrecer al ciudadano un rostro sin máscara, que muestre el sentido más amplio de su desempeño y de su compromiso con los más altos valores de la patria. Los verdaderos cambios no están solamente en las leyes, sino también en las conciencias de todos los mexicanos.
En la construcción de un Estado Democrático de Derecho, la transparencia es esencial a su existencia y supedita al poder. Bien lo dice Sartori, “el derecho y el poder son dos caras de la misma moneda: sólo el poder puede crear Derecho y sólo el Derecho puede limitar el poder” [2]
En tal sentido, la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización constituyen un trinomio inseparable que debemos arraigar en la cultura democrática de nuestro país en beneficio de la sociedad a la que todos nos debemos.
La aparición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información provoco una revolución informativa en los quehaceres del Estado y tiene a mi entender dos objetivos fundamentales, por una parte transparentar la gestión pública; y por otra, favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, a fin de evaluar el desempeño de las dependencias y entidades del Gobierno.
La rendición de cuentas se presenta –además- como un verdadero principio de eficiencia administrativa, ya que la publicidad de la información se traduce en un mecanismo de supervisión ciudadana.
Lo importante del momento es entender que en un sistema democrático, todo acto de Gobierno debe estar sujeto al escrutinio ciudadano y que no deben de existir pretextos y construirse argumentos para mentir, ocultar o destruir información. Desde luego, creo que es un imperativo concretar una reforma constitucional que proponga el establecimiento de disposiciones de mínimos indispensables para la publicidad informativa y el acceso a la información pública.
Fortalecer los esfuerzos por un gobierno transparente es una responsabilidad ineludible, que va a pareja con la construcción de una cultura cívica que promueva el ejercicio transparente del poder, y eso esta más allá de coyunturas sociales y posturas políticas.
La transparencia como dice Lujambio: “no le pertenece a ningún gobierno, ni a ningún partido, ni a ningún grupo; es un auténtico consenso nacional empujado por la exigencia pública y por la necesidad política. Es un lugar de encuentro en el cual todas las fuerzas concurren, acuerdan y compiten”[3]