@BarbaraCabrera
“Si el Gobierno no se toma en serio los derechos,
entonces, tampoco se está tomando en serio el derecho”.
Dworkin
Fue en 1977 cuando se incorporó a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de acceso a la información, -es decir, 60 años después de promulgada la Carta Magna que hoy nos rige- en el último párrafo del artículo sexto señalaba: “el derecho a la información será garantizado por el Estado”, pero lo que no se dilucidó por el constituyente permanente es ¿cómo la ciudadanía haría válido ese derecho? ¿Ante qué organismo o instancia se podía acudir en caso de ser vulnerado?, la figura estaba en el limbo jurídico; porque era un derecho inoperante e indefendible, trataba únicamente de una parte enunciativa que no daba los mecanismos de cómo hacer valer este derecho fundamental, es decir que eso y nada era lo mismo para los ciudadanos.
Posteriormente, en 2007, dicho numeral constitucional es nuevamente reformado. Y en el se incluye un desglose de los principios y bases que debe tener el acceso a la información en todo el país. Lo anterior debido a la divergencia de criterios para legislar en esta materia, ya que cada quien y cada cual lo hizo a su real saber y entender. A partir de ese año y hasta el que le siguió, cada Entidad Federativa y el Distrito Federal debió adecuar sus leyes de transparencia y/o acceso a la información. Situación que no ocurrió en todos los estados. Por ello, le pregunto ahora ¿cuánto se le adeuda a la Sra. Transparencia ? Y en ese recuento de ganancias y pérdidas, ni siquiera podemos sugerir que estemos a mano. Estamos en números rojos ante tan imponente señora.
Lo que es un hecho, es que estamos acostumbrados a llegar tarde a los temas de relevancia jurídica, nuestro país se encuentra entrampado entre la transparencia y la ignorancia. A la par del texto constitucional, el proceso de construcción de las nuevas herramientas legales que nos permiten ahora poder acceder a la información publica gubernamental, no fue producto de la magnanimidad del Presidente en turno, sino proceso de una discusión que ya no podía ser postergada.
Su antecedente inmediato lo fueron las iniciativas y discusiones que impulsó el grupo Oaxaca y que pronto empezaron a reproducirse en otras entidades federativas. Fue entonces y solo entonces que el ejecutivo no tuvo mas remedio que retomar algunas ideas y copiar formas internacionales para presentar la iniciativa que creaba la Ley Federal de Transparencia y Acceso e Información Pública Gubernamental; que como su nombre lo indica no pretendía hacer transparente el ejercicio del poder y del gobierno en México, sino más bien permitir que el ciudadano pudiera acceder a cierta información que el gobierno generaba o tenía; o en si caso, la que deseaba dar a conocer.
Es cierto, tenemos un órgano garante a nivel federal, que no sólo protege el derecho fundamental de acceso a la información, sino que hace lo propio con el de protección de datos personales. No obstante, en el país su ejercicio no está tan divulgado, y cuando se conoce no todos se animan a ejercitarlo. Y cuando se hace sólo un porcentaje le da seguimiento. Y quien si lo hace, no siempre recibe la documentación requerida. Por ello, es necesario saber que archivos públicos + protección de datos personales + acceso a la información + transparencia + rendición de cuentas = combinación casi perfecta, que coadyuvará a exigir y monitorear a nuestros gobernantes. Atrevámonos entonces a liquidar el adeudo que tenemos con la Sra. Transparencia , no vaya a ser que con el paso del tiempo se acumulen intereses impagables.
¡Nos leemos la próxima Nornilandia!